Nom de la noticia

22 diciembre 2016

Castellví: "Con esta ley pagarán tributos por la tenencia de bienes de lujo las personas que antes los adquirían con las sociedades para desgravarse el IVA"

La proposición de ley para gravar los activos no productivos de personas jurídicas supera el primer trámite parlamentario

La proposición de ley para gravar activos de las empresas que no generan actividad económica -presentada conjuntamente por la CUP y Junts pel Sí continúa la tramitación parlamentaria después de que esta tarde se haya tumbado la enmienda a la totalidad presentada por el PP. La propuesta tiene el propósito de reducir prácticas de evasión y elusión fiscal que consisten en trasladar patrimonio personal a estructuras societarias para ocultar verdaderas titularidades. “Les suena aquello de lo pongo a nombre de la empresa y así me ahorro dinero de impuestos? Pues de eso se trata esta proposición, de luchar contra la picaresca y el fraude que permite a algunos eludir el pago de tributos”, ha afirmado la diputada de Junts pel Sí Carmina Castellví.

“Para que la gente nos entienda sin necesidad de recurrir a especialistas: con esta ley pagarán tributos por la tenencia de bienes de lujo las personas que antes podían permitirse adquirirlos a nombre de sus sociedades y, encima, desgravarse el su coste en la declaración de IVA”, ha explicado Castellví. “Es, por tanto, una buena ley, un buen paso en la dirección correcta para que pague quien más tiene”, ha añadido. Este es un impuesto que va en la línea de tasas existentes en Noruega u Holanda, y que se centra en la expresión de riqueza que supone la acumulación de bienes pero exclusivamente en el caso de que no generen ningún productividad ni beneficio social.

En concreto, el impuesto grava la tenencia de cuatro tipos de activos: bienes inmuebles, vehículos de motor igual o superior a 200 caballos, embarcaciones de recreo de ocho metros de eslora o más, y aeronaves. En todos los casos, se trata de los bienes que no realizan ninguna actividad económica o servicio público, que se destinan a actividades o usos privados, o que se alquilan a los propietarios o socios de la entidad vinculadas a los activos.

La base imponible se calcula de la suma del valor de todos los activos no productivos. Se establece un mínimo exento de 500.000 euros o 100.000 euros si no incorpora ningún inmueble. El tipo impositivos es progresivo con un máximo de 1%. El impuesto se devenga el 30 de junio de cada año. Por otra parte, la proposición de ley deja exentos de pagar el impuesto las administraciones públicas, las representaciones diplomáticas u oficinas consulares en Catalunya y los bienes de fundaciones, ONG y entidades sin ánimo de lucro.

“Las medidas tributarias con efectos redistributivos son positivas en muchos casos, pero la primera y quizás la más eficaz política redistributiva es aquella que ataca la raíz del problema: que los que más capacidad tienen, que son los que más deberían contribuir, son los que tienen más instrumentos a su alcance para eludir legalmente el pago de tributos mediante artificios fiscales”, ha concluido Castellví.

Comparte

Compartir al Facebook Compartir en Twitter

Otras noticias