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03 febrero 2016

JxSí pone en valor las medidas legislativas impulsadas por la Generalitat para defender el acceso a un derecho básico como es la vivienda

En una pregunta del diputado Marc Solsona, la consellera Borrás asegura que “el objetivo es clarísimo: que ninguna familia vea vulnerado su derecho a una vivienda digna”

El diputado de Junts pel Sí ** Marc Solsona ** ha puesto en valor las medidas emprendidas por la Generalitat para hacer frente a la situación de emergencia en el ámbito de la vivienda y remarcó que la mayoría de estas iniciativas legislativas han tenido un amplio apoyo en el Parlament. En una pregunta durante la sesión de control del Pleno del Parlament, Solsona ha destacado que estas actuaciones ** “se convierten en instrumentos muy importantes para defender el acceso a un derecho básico como es la vivienda” **.

El diputado de JxSí hacía referencia a leyes como la de creación del impuesto sobre las viviendas vacías; la Ley que introduce la propiedad temporal y la propiedad compartida en el Código Civil catalán; el Decreto-Ley 1/2015, de medidas urgentes para movilizar viviendas provenientes de procesos de ejecución hipotecaria que prevé el ejercicio del derecho de tanteo y retracto por parte de la Generalitat y los ayuntamientos; o la Ley 24/2015, de medidas extraordinarias, surgida de una iniciativa legislativa popular (ILP) y aprobada por unanimidad el pasado 29 de julio.

Solsona ha recordado que en las últimas semanas ** “hemos escuchado la demanda de las entidades del Tercer Sector Social de Catalunya que reclaman 770 viviendas sociales antes de dos años para atender las necesidades de familias en situación de exclusión social, o la existencia, según datos hechos públicos por la Fundació Arrels, que en Catalunya pueden haber 1.500 personas que viven en la calle ”*. En paralelo, según informaciones aparecidas en los medios de comunicación, * “la semana pasada también conocíamos que las entidades bancarias podrían disponer de un stock de 45.000 pisos vacíos” **.

En su respuesta, la consellera de Gobernación, Meritxell Borràs, ha subrayado que “el objetivo es clarísimo: que ninguna familia vea vulnerado su derecho a una vivienda digna y por ello nos valdremos de la Ley 24/2015 aprobada hace seis meses”. En este sentido, explicó que "el compromiso de movilización de las viviendas desocupadas es total” y que desde el Govern “ya nos estamos coordinando con los promotores de la ILP para movilizar las viviendas desocupadas para dar respuesta a los colectivos más necesitados”.

Borràs ha desgranado las actuaciones que ya se han iniciado. Por ejemplo, la Agencia de Vivienda de Catalunya ha iniciado acciones de carácter sancionador con la voluntad de que las entidades bancarias y organismos pongan a disposición las viviendas de protección oficial desocupadas”. En segundo lugar, “queremos resolver la obligación de proporcionar un realojamiento a las familias que lo requieren por riesgo de desahucio e iniciamos expedientes de cesión temporal obligatoria en Salt, en Badalona y en Tarragona”, ha expuesto. Además, la agencia ya ha aprobado el nuevo reglamento de la mesa de emergencias para ampliar el colectivo de personas que puedan acogerse. Y finalmente, el Govern velará para que las entidades financieras actúen con el protocolo hecho para aplicar el alquiler social.

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